El presidente del Consejo de la Judicatura les puso una demanda al presidente de la república y al ministro de finanzas para que le suelten $260 millones adicionales a lo que ya tienen presupuestado para este año. Y lo hace con un amparo constitucional en el que exige que el desembolso sea inmediato. No nos parece que la política fiscal deba hacerse en los juzgados. Es más, creemos que una buena manera de medir el nivel civilización de una sociedad es ver cómo organiza la asignación de recursos públicos, tanto en ver "quién paga" como "quién recibe". Afortunadamente, al día siguiente de que se transmitió este programa, una jueza (muy sensata) desechó la demanda.