Se presentó una acción judicial colectiva al ejecutivo nacional ante el escenario de abandono de gran parte de las políticas de género, el desmantelamiento de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias y el despido del 85 por ciento de sus trabajadores. A partir de esta ola de despidos, hoy sólo son 2 las operadoras que atienden las llamadas en la Línea 144, de asistencia telefónica gratuita. A través de esta medida cautelar, se exige al gobierno nacional que informe de qué modo cumplirá las obligaciones legales que tiene el Estado para prevenir la violencia contra las mujeres. La presentación judicial fue realizada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Ni Una Menos, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Mujeres por Mujeres y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer. La Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, “es una Ley Nacional que debe ser cumplida”. En el último programa de Córdoba Primero hablamos con Patricia Messio sobre la situación de los organismos de asistencia y prevención de la violencia de género.