El Gobierno Nacional, esta semana emitió un decreto que reglamenta la Ley 27275 de Derecho de Acceso a la Información Pública sancionada en 2016, mediante el cual restringe la libertad a la ciudadanía de preguntar sobre cuestiones de interés público y se marca una diferencia arbitraria entre información pública y datos de naturaleza privada (que se realizan en el ámbito público) A través de esta normativa se excluye a la información que hace al ámbito privado del funcionario especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera doméstica. Como si fuera poco, este nuevo decreto habilita al gobierno a perseguir a quienes hagan preguntas incómodas bajo la figura de la mala fe. Escuchá la editorial de Jorge Navarro.