Una noche de julio de 2022, el joven Hernández estaba en su casa después de una jornada de trabajo en un restaurante local y se disponía a comer su cena. Esa noche, los soldados irrumpieron en su casa y pidieron que todos los hombres salieran. Solo se llevaron a Hernández a quien los militares amenazaban de muerte en el camino hacia el centro de detención local.  Hernández vive en una zona rural de Usulután y es el primer testimonio  de un menor de edad que El Faro ha logrado documentar desde el inicio del régimen de excepción. Durante 20 meses estuvo detenido al lado de algunos que como él eran menores de edad.  Vivió el castigo de la suspensión de alimentos. Cuando había requisas en las celdas, los custodios les robaban el dinero que sus familiares de escasos recursos recolectaban para que pudieran comprar algo en la cárcel. A Hernández le robaron dos veces un total de 60 dólares, eso significaba dos semanas de trabajo para  sus padres.  Obtuvo su carta de libertad en diciembre de 2023, pero fue liberado en febrero de 2024.  Días después de que Hernández regresó a casa, el ministro Villatoro dijo en una conferencia de prensa que 1194 menores de edad habían sido capturados desde marzo de 2022 y que muchos de ellos pagarían condenas de hasta 20 años de prisión.