El Faro ha documentado que juzgados contra el crimen organizado ordenaron liberar a 11 personas por padecer enfermedades crónicas o por falta de pruebas en los casos por agrupaciones ilícitas. Sin embargo, Centros Penales incumplió esas órdenes sin ninguna justificación. Tres de estas personas con orden de libertad fallecieron bajo custodia del Estado; otros han sido recapturados sin pruebas por el mismo delito. Entre el silencio estatal y las denuncias de las organizaciones de sociedad civil, estos 11 casos parecen ser solo un ejemplo de algo que se repite.