El gobierno español ha aprobado este martes un plan que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia cuyos casos hayan prescrito, así como la celebración de un acto de Estado de reconocimiento a los afectados. Sin embargo, los obispos han manifestado duras críticas al plan gubernamental. En rueda de prensa posterior al consejo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó que este plan busca reparar a las víctimas que “durante décadas han sido olvidadas y orilladas” y a las que “nadie prestó atención”. Para ello, el Gobierno contempla indemnizaciones económicas, informa la agencia estatal, y su intención es que la Iglesia contribuya a sufragarlo. Apenas un par de horas después, la Conferencia Episcopal Española, que preside monseñor Luis Argüello, hizo pública una nota en la que no acepta el plan del gobierno, en especial por tres razones fundamentales: porque no se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada diez víctimas; porque el texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, lo que supone un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado; y, además, porque esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales. El Papa Francisco ha recibido recientemente en audiencia en la Sala Clementina a los participantes en la plenaria de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. En su discurso, lanzó un fuerte llamamiento a promover una “cultura de la inclusión integral” de las personas con discapacidad, superando la mentalidad utilitarista y discriminatoria de la “cultura del rechazo”. Aunque reconoció los progresos realizados en muchos países, Francisco denunció que en demasiadas partes del mundo las personas con discapacidad y sus familias siguen estando “aisladas y empujadas a los márgenes de la vida social”. Una situación que se da no solo en los países más pobres, donde la discapacidad “a menudo condena a la miseria”, sino también en contextos de mayor bienestar económico. La “cultura del rechazo”, para el Papa, es transversal y no tiene fronteras. Lleva a evaluar la vida solo sobre la base de “criterios utilitarios y funcionales”, olvidando la dignidad intrínseca de cada persona con discapacidad, “sujetos plenamente humanos, titulares de derechos y deberes”. Un aspecto especialmente insidioso de esta mentalidad es la tendencia a hacer que las personas con discapacidad se sientan “una carga para sí mismas y para sus seres queridos”. “La difusión de esta mentalidad transforma la cultura del descarte en cultura de la muerte”, añadió Francisco, recordando que “las personas ya no son sentidas como un valor primario que hay que respetar y proteger”. Los católicos camboyanos del Vicariato Apostólico de Phnom Penh se preparan para vivir el Jubileo de 2025. Omnes ha conversado con el padre Gianluca Tavola, misionero del Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras. Este misionero italiano, rector del seminario mayor de Phnom Penh y responsable del sector pastoral de tres pequeñas comunidades cristianas de la ciudad de Takhmao, situada al sur de la capital, subraya que el obispo del Vicariato ha querido vincular la celebración del Año de la Oración a una frase de la Madre Teresa de Calcuta: “El fruto del silencio es la oración; el fruto de la oración es la fe; el fruto de la fe es el amor; el fruto del amor es el servicio; el fruto del servicio es la paz”. Para el padre Gianluca Tavola, la convocatoria del Año de Oración y Silencio con vistas al Jubileo es una decisión providencial. Porque “la Iglesia en Camboya -que en la última década ha trabajado mucho por la evangelización y la profundización de la fe-