En mayo del 2004, fiscales del Ministerio Público allanaban las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la casa de su entonces expresidente ejecutivo, Eliseo Vargas, y de la Corporación Fischel. Investigaban el proyecto Finlandia, referido a un empréstito por $39,5 millones, con los que se adquirieron equipos de mala calidad, entre otras anomalías. Veinte años después, el OIJ y el Ministerio Público desarrollaron este lunes allanamientos en continuidad de un proceso de indagación contra la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, así como de otros directivos y funcionarios de la Caja, en la aprobación de sobreprecios al adjudicar los servicios y la administración de 10 Áreas de Salud y 138 Ebais. Las acciones judiciales tienen asidero en una denuncia de la misma auditoría interna institucional. Se investigan los aparentes delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias y prevaricato en la adjudicación, así como la indagación de otras acciones acometidas para configurar esos ilícitos. El gobierno, por medio de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, minimizó lo sucedido, hablando únicamente del posible delito de prevaricato y calificando como autoritario el proceder de las autoridades judiciales. De inmediato respondió el Fiscal General, Carlo Díaz argumentando que “no se puede hablar de abuso de poder o de autoridad cuando se cuenta con una serie de pruebas que, con suficiente grado de probabilidad, sostiene la existencia de hechos delictivos, ni cuando nuestras peticiones están avaladas por la figura de un juez de garantías” Para hacer repaso de lo que ha venido sucediendo en la CCSS conversamos con el secretario general del Sindicato de Profesionales en Enfermería, Lenín Hernández, quien ha mantenido una postura sistemática de denuncia ante no pocos hechos controversiales del manejo de la institución.