Algunas líneas en política no deben cruzarse. No todo se vale. Y no pararse encima de la separación de poderes es una de esas líneas rojas que han sido tradicionalmente respetadas en nuestra democracia. Pero ahora, parece que se nos va haciendo costumbre presenciar ataques así. En los últimos días, le ha tocado el turno al Ministerio Público. Frente a la investigación en curso del caso barrenador, el Ejecutivo ha acusado al Fiscal General de abuso de poder, de ser “mandado”, de ser corrupto… en fin, ya nada sorprende. Por suerte, las réplicas a este hecho tan grosero no se hicieron esperar. Y no solo desde el Legislativo. Para citar únicamente dos casos, un grupo de 46 organizaciones nacionales expresaron su profunda preocupación ante los ataques a la independencia del Poder Judicial. Exigen respeto a la división de poderes y a la protección de los principios democráticos consagrados en la Constitución Política. Al mismo tiempo, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) señaló lo peligroso que significa pretender afectar la función del Poder Judicial como garante del respeto de la supremacía constitucional y de la custodia de los derechos y garantías en ella establecidos. “Las declaraciones de la autoridad máxima del Poder Ejecutivo no hacen más que afectar, por su peso, a las instituciones de su país al emitir opiniones sobre cuestiones que no le son propias, resultando en una injerencia indebida”. Antes de esos pronunciamientos, el mismo líder del MP se había manifestado de manera categórica. Don Carlo Díaz garantiza que las acciones que lleva adelante la organización que dirige son propias de un Estado de derecho donde se investiga sin distinción a cualquier persona al amparo de las leyes y de la Constitución. Para hacer un repaso obligado y comprensivo del papel fundamental que cumple el Ministerio Público como encargado de trazar y ejecutar la política de persecución penal conversamos con el ex fiscal general, Francisco Dall’Anese.