El caso de Ana Buza, una joven de 19 años, continúa siendo objeto de investigación años después de su muerte en la madrugada del 7 de septiembre de 2019. Ana fue hallada sin vida detrás del quitamiedos de la autovía A-4, cerca de Carmona, Sevilla, tras un presunto accidente mientras viajaba en coche con su novio. Inicialmente, las autoridades cerraron el caso apenas 36 horas después, concluyendo que la joven se había suicidado al arrojarse del vehículo en movimiento. Sin embargo, esa versión nunca convenció a la familia de Ana, quienes desde el primer momento sospecharon que había algo más oscuro detrás de la tragedia. Los padres de Ana, particularmente su padre, Antonio Buza, iniciaron una lucha incansable para reabrir el caso y obtener justicia. Las dudas comenzaron a surgir cuando se descubrieron irregularidades en el testimonio del novio, quien dio cuatro versiones distintas sobre lo sucedido la noche del incidente. Además, las lesiones encontradas en el cuerpo de Ana, incluyendo fracturas en los fémures y heridas que sugerían un impacto contra la valla de la carretera, no coincidían con la hipótesis de que se había lanzado del coche por voluntad propia. Las pruebas presentadas por la familia, incluyendo informes forenses y reconstrucciones del accidente, sugieren que Ana fue atropellada deliberadamente. Los peritos contratados por la familia concluyeron que, a la velocidad a la que circulaba el coche, era improbable que Ana hubiera podido abrir la puerta y saltar por sí misma. Los informes también indicaron que las fracturas en sus piernas eran más compatibles con un atropello que con una caída desde un vehículo en marcha. Otro aspecto que despertó sospechas fue la manipulación del teléfono móvil de Ana. Su dispositivo apareció misteriosamente 19 días después del accidente, y un análisis posterior reveló que había sido manipulado antes y después de su muerte. Además, el móvil de su novio fue entregado a las autoridades con un considerable retraso, lo que levantó más sospechas sobre la destrucción de pruebas. En julio de 2020, tras la presión ejercida por la familia y la presentación de nuevas pruebas, el novio de Ana fue imputado por su muerte, aunque el caso aún no ha llegado a juicio. Antonio Buza sigue luchando para que el caso sea reconocido como un homicidio, y que sea juzgado como un posible crimen de violencia de género, dado el control y abuso emocional que Ana sufría en su relación. El caso de Ana Buza sigue siendo un recordatorio doloroso de lo difícil que puede ser obtener justicia cuando las investigaciones iniciales presentan fallos, y de cómo las familias de las víctimas, a menudo, deben luchar por respuestas cuando el sistema falla.