No hay día que alguien no escriba algo en esta transmisión contra la Marcha Verde y eso va desde el ingreso de algunos de sus voceros al gobierno hasta atribuirle vínculos con posibles casos de corrupción pública. La marcha verde frenó la corrupción desmedida, despertó la conciencia pública y permitió el desahogo ciudadano ante el robo inmisericorde de los recursos públicos. No nos perdonan y no nos perdonarán nunca. Hay un interés desmedido de convencer al país que todos y todas somos iguales, ladrones por naturaleza y que por tanto la marcha no sirvió para nada porque estamos en la misma situación. A pesar de esa campaña permanente hoy más que nunca hay que decir que no estábamos equivocados los miles que marchamos contra la corrupción y la impunidad en que el país necesitaba de un sacudión ante la resignación del robo a lo público que había sido parte de nuestra historia y que los gobiernos del partido de la Liberación Dominicana llevaron a números inimaginables. Los millones de pasos verdes forzaron a Luis Abinader a designar una procuradora independiente que ha impulsado la investigación de una decena de casos importantes de corrupción que en lo público envuelve más de 40 mil  millones. Hay que decir que en lo privado el estado representado por abogados demanda un resarcimiento de 60 mil millones. Los esfuerzos del Ministerio Público han chocado con una pared que es la cultura de la impunidad que parece prevalecer entre los jueces dominicanos o por lo menos entre los que les ha tocado conocer estos casos. A pesar de los acuerdos de culpabilidad que han permitido el retorno de más de 3 mil millones de pesos a las arcas públicas no hay manera que los jueces impartan justicia por lo menos en la misma proporción que los delitos comunes.  Pongo un ejemplo, si el 60% de los presos son preventivos la misma proporción debía extenderse a los grandes ladrones de las arcas públicas, pero no es así. Los depredadores del erario y sus socios tienen un tratamiento especial. Hay gente que llegó a conformarse con el hecho de que los nombres que antes eran sagrados fueran sujetos de debate en los medios. O lo que es lo mismo que pudiéramos decir fulano, mengano o zutano, esa gente que se reía de nosotros en la cara ahora está en los tribunales. Pero para cualquier cosa, los grandes ladrones tienen a su favor primero dinero suficiente para movilizar los medios de comunicación y a los opinadores pagados en redes sociales y sobre todo a  la suprema corte de justicia que ahora no quiere ni que los mencionen. Nadie creerá que la política nueva de protección de datos que impedirá el acceso de prensa y ciudadanos a los nombres de los implicados en cualquier caso está orientada a proteger a los comunes. Si fuera así la proporción de presos preventivos fuera igual para los pobres y para los grandes ladrones. Es evidente que hay una decisión política más allá de los tribunales para proteger a los poderosos.