El 1 de julio entró en vigor la ley 1718, firmada por el gobernador Ron DeSantis, que contempla penas severas para empresas que contraten indocumentados o para aquellos que los trasladen, exige que los hospitales pidan a sus pacientes información sobre su estatus migratorio, entre otras graves medidas. Tres voces nos contarán cuál es la situación en el estado de la Florida: un pequeño empresario, una periodista y un experto en migración.