MOSTRAR MENOSDoctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es también Maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración (Itinerario de Relaciones Internacionales) por la UAB. Algunos de sus temas de investigación son la política exterior de Venezuela, México y Cuba; la integración latinoamericano-caribeña; las relaciones entre EEUU y América Latina y el Caribe; y la geopolitización de las relaciones internacionales. Profesora asociada en el Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la UAB. Es autora de Venezuela. Más allá de mentiras y mitos (Ed. Akal, 2019) y coautora de La clase obrera no va al paraíso. Crónica de una desaparición forzada (Ed. Akal 2016), escrito con Ricardo Romero Laullón “Nega”.   La oleada de gobiernos de izquierda que caracterizó a América Latina y el Caribe desde finales del siglo XX conformó un mapa geopolítico adverso a los intereses del sector público-privado estadounidense en la región.    Para cambiar la correlación de fuerzas ha entrado en escena el lawfare o guerra judicial, un mecanismo aparentemente democrático y ajustado a derecho, por el que socavar el poder, la imagen y las posibilidades de reelección de los líderes de la izquierda. Poco se habla, sin embargo, del origen del lawfare como una estrategia de carácter militar, encuadrada en una guerra de amplio espectro, hoy denominada guerra híbrida, que busca, mediante la combinación de operaciones judiciales, mediáticas, políticas o económicas, la reconfiguración de la geopolítica hemisférica.  Si en décadas precedentes los golpes de Estado clásicos sirvieron para impedir que la izquierda gobernante desplegara su agenda política desde las instituciones o, incluso, llegara a ocuparlas, hoy el lawfare ejerce una misma función, pero amparándose en la legalidad y manteniendo las apariencias democráticas. Asistimos, entonces, a la paradójica demolición del Estado de derecho en nombre de la ley.   Pero esta amenaza no se limita al territorio latinoamericano, que, como tantas otras veces, no ha dejado de ser un laboratorio de pruebas. Una vez confirmada la «eficacia» de esta nueva herramienta del sistema, ¿qué impide aplicarla en otros países? Y hay indicios muy cercanos que apuntan en esta dirección.